El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del borrador de decreto que regulará los centros de datos en España. El texto incorpora cambios que suavizan algunas exigencias, pero mantiene las medidas más polémicas, entre ellas la obligación de acreditar el consumo renovable hora a hora. El sector, que esperaba una rebaja más profunda, ha recibido el documento con decepción.

Qué cambia respecto al primer borrador

La nueva redacción introduce tres modificaciones relevantes frente a la propuesta inicial, impulsada sobre todo por el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen:

  • Umbral de aplicación: la norma afectará a instalaciones de 10 MW de consumo o más, frente a 1 MW del primer texto. Los centros más pequeños, que trabajan sobre todo para pymes, podrían quedar fuera.
  • Antigüedad de las plantas renovables: la generación que alimente estos centros podrá tener hasta 36 meses, en lugar de los 18 meses iniciales. El objetivo es fomentar capacidad renovable nueva y adicional.
  • Periodo transitorio: en vez de exigir desde el principio que el 80% del consumo sea renovable, se abre un tramo de cinco años. Hasta el 31 de diciembre de 2028 el requisito sería del 60%, y del 70% durante 2029, 2030 y 2031.

La correlación horaria, el principal escollo

Los promotores sitúan el problema en la correlación horaria: el consumo renovable debe demostrarse en cada una de las 24 horas del día. Como por la noche no hay generación solar, el operador tiene que sobredimensionar la capacidad renovable contratada e instalar baterías que se carguen con esa energía para garantizar el suministro continuo. Eso encarece cada proyecto y, en muchos casos, lo hace inviable, según el sector.

El periodo transitorio no resuelve esa cuestión. Aunque el porcentaje baje al 60% o al 70%, el diseño del suministro debe cubrir igualmente la peor hora, que es la nocturna.

Una condición añadida: la desconexión automática

Para acogerse al régimen transitorio, los centros de datos deberán integrarse en un Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). Con él, el operador del sistema podrá desconectarlos automáticamente cuando sea necesario. Los promotores advierten de una contradicción: las interrupciones, cada vez más frecuentes por los problemas de la red eléctrica, obligarían a arrancar con asiduidad los grupos electrógenos diésel. Estos emiten CO2 y son muy ruidosos, lo que puede generar conflictos en centros próximos a zonas residenciales.

Los promotores también cuestionan el límite de antigüedad de las plantas. A su juicio, carece de sentido no poder aprovechar instalaciones de más de 36 meses, que en muchos casos vierten energía renovable por falta de demanda.

Qué hay en juego: 67.000 millones

Según Spain DC, la patronal de promotores de centros de datos, entre 2026 y 2030 había inversiones comprometidas de hasta 67.000 millones de euros. La asociación calcula que, si se aplicase el decreto tal como está, hasta el 90% de esa cifra correría riesgo de deslocalización hacia otros países, como Portugal o Francia.

Los responsables del sector aún no han podido analizar el texto en profundidad, ya que se conoció la noche del domingo. En una primera lectura, varios directivos de promotoras consideran que conserva los requisitos más difíciles y costosos.

Qué significa para las empresas

El envío al Consejo de Estado indica que el Gobierno quiere aprobar el decreto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, como adelantó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Sin embargo, según el análisis de la redacción, no existe en el desarrollo de estas infraestructuras ni en su regulación una situación que exija una tramitación tan acelerada.

Para las empresas, el mensaje es doble. Las compañías que operan o planean centros de gran tamaño tendrán que decidir si asumen un coste de suministro mayor, con sobredimensionamiento y almacenamiento, o si trasladan inversiones a mercados con reglas menos exigentes. Las pymes que dependen de centros pequeños sí se benefician de la subida del umbral a 10 MW, que reduce su exposición a la norma.

La tensión de fondo es conocida: la política energética busca que la demanda digital se apoye en nueva generación limpia, mientras que la competitividad del país como destino de inversión depende de que los costes sean asumibles. Con la correlación horaria intacta, el sector percibe que el equilibrio sigue inclinado hacia la exigencia ambiental. Habrá que ver si el dictamen del Consejo de Estado o los trámites finales introducen ajustes antes de la aprobación.