El Gobierno de Pedro Sánchez pretende agotar el plazo para someter a votación los dos decretos de vivienda que volvió a aprobar el 6 de octubre. Según fuentes parlamentarias, la convalidación se llevaría a la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre, la fecha límite de que dispone el órgano para decidir si los convalida o los deroga.
El calendario no es neutro. Esa jornada llega un día después de la huelga general convocada por los sindicatos para protestar por la crisis de vivienda, y en la víspera del arranque oficial de la campaña electoral.
Qué ha pasado con los decretos de vivienda
El Pleno del Congreso tumbó los textos el 2 de octubre. Pocos días después, el 6 de octubre, el Consejo de Ministros los aprobó de nuevo a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige Isabel Rodríguez. Desde entonces la Cámara Baja ha quedado disuelta por la convocatoria electoral, de modo que la decisión final corresponde a la Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones del Congreso mientras no hay Pleno.
El primero de los decretos, que concentra el grueso de las medidas, ya está en vigor y varias de ellas se aplican desde ahora. Entre ellas figuran:
- La prórroga de dos años en los contratos de alquiler.
- Las nuevas restricciones a la compra de viviendas por parte de empresas, fondos y grandes tenedores.
Antes de abordar los de vivienda, el Ejecutivo llevará a la Diputación Permanente otros reales decretos aprobados en los llamados «martes sociales». Uno de ellos es el que el Consejo de Ministros aprobó la víspera de esta información y que reforma determinadas prestaciones.
Los apoyos: PNV sí, Junts no es necesario
Nada indica por ahora que los grupos vayan a cambiar el sentido de su voto. Se espera que el PNV respalde el primer decreto, como ya hizo en el Pleno del 2 de octubre. Esta vez, además, el Gobierno no necesitaría a Junts: la Diputación Permanente tiene una distribución de escaños distinta a la del Pleno, y eso cambia la aritmética.
Con ese escenario, el decreto principal saldría adelante previsiblemente. El segundo texto, en cambio, no tiene asegurada la misma suerte según el material consultado.
Por qué se retrasa la votación
Las mismas fuentes apuntan a dos motivaciones. La primera es alejar la votación de la polémica del caso Mínguez, que ha derivado en la dimisión de la portavoz del PSOE. La segunda es rentabilizar electoralmente una de las grandes cuestiones de la campaña.
El aplazamiento contrasta con el argumento oficial. Moncloa justificó la reaprobación de los decretos en el carácter «urgente y extraordinario» de la crisis de vivienda. Sin embargo, el primer texto ya rige y sus medidas se desplegarán de forma progresiva, de modo que la espera hasta el 12 de noviembre no suspende su aplicación.
Qué significa para las empresas y los inversores: análisis de El Noticiero
La votación del 12 de noviembre no debería alterar el marco vigente a corto plazo, porque el decreto principal está en vigor y cuenta con apoyos previsibles. Aun así, mantiene abierta una incertidumbre jurídica hasta esa fecha que afecta a varios perfiles:
- Fondos y grandes tenedores: las restricciones a la compra de vivienda por parte de personas jurídicas condicionan sus planes de adquisición. Deberán esperar a la convalidación para saber si el régimen se consolida.
- Propietarios y gestoras de alquiler: la prórroga de dos años en los contratos afecta a sus previsiones de renovación y de ingresos.
- Promotores y financiadores: necesitan estabilidad normativa para evaluar proyectos, y un calendario tan ajustado la retrasa.
En clave política, el movimiento confirma que la vivienda será un eje central de la campaña. Cualquier cambio de mayoría tras las elecciones podría reabrir el debate sobre estas medidas, un riesgo regulatorio que los inversores del sector deberán incorporar a sus análisis.
