La IA en la Administración ha dejado de ser una cuestión de futuro lejano para convertirse en un asunto de calendario. NTT Data ha puesto en marcha en España el Future Government Center, un think tank que quiere impulsar el debate sobre el futuro de las administraciones públicas en la era de la inteligencia artificial y que advierte de que el margen para decidir es reducido.

Al frente del centro está Paloma Baena Olabe, que resume la urgencia con una frase: «No tenemos una década por delante, sino años, para definir qué hacer». Su diagnóstico apunta a la existencia de «una brecha muy grande» entre lo que la tecnología permite y la capacidad de las instituciones para incorporarla a su propio funcionamiento y para gobernar su impacto en la economía y la sociedad.

Un consejo asesor y marcos para medir la preparación

El centro cuenta con un consejo asesor no remunerado presidido por el expresidente del PNV Andoni Ortuzar. Lo integran expertos como Daniel Innerarity, Francisco Longo, Miguel Rego, Bárbara Ubaldi y Pablo García Bringas.

Además de generar conocimiento, el think tank trabajará en marcos de análisis que ayuden a las administraciones a medir su grado de preparación para esta nueva etapa. La idea es ofrecer a los responsables públicos una herramienta de autodiagnóstico que sirva de punto de partida para priorizar inversiones y reformas.

De digitalizar procesos a replantear los servicios

Según Baena, el cambio de fondo es de naturaleza distinta al de anteriores oleadas tecnológicas. «Hasta ahora digitalizábamos procesos que ya existían; ahora la tecnología permite replantear cómo prestamos servicios y cómo funciona la propia Administración», explica.

El primer informe del centro sostiene que las decisiones de los próximos años determinarán si las instituciones refuerzan su papel o acaban cediendo parte de su relevancia a plataformas y agentes de inteligencia artificial. El riesgo que describe la directora es concreto: si ciudadanos y empresas recurren cada vez más a intermediarios tecnológicos para obtener información o hacer gestiones, las administraciones podrían perder parte del contacto directo con los usuarios.

«La Administración cambia en ciclos de años y el mercado está cambiando en ciclos de semanas.»

Una ventana limitada y cuatro escenarios para 2035

El estudio fija un horizonte temporal. Sus autores consideran que los primeros efectos de las decisiones que se adopten ahora podrán verse hacia 2030 y que la trayectoria de cada Administración podría quedar definida antes de 2035.

El informe plantea cuatro escenarios posibles para 2035. Entre ellos destacan dos extremos:

  • El más favorable: una Administración que utiliza la IA para anticipar necesidades, simplificar procedimientos y organizar los servicios públicos en torno a ciudadanos y empresas.
  • El más adverso: una Administración «sustituida», en la que intermediarios, plataformas y actores privados asumen una parte creciente de la relación con los usuarios.

La responsable del centro cree, además, que las diferencias en la velocidad de adaptación pueden abrir brechas entre territorios. Las administraciones que incorporen antes estas capacidades podrán ofrecer mejores servicios y ganar competitividad, mientras que otras corren el riesgo de quedarse rezagadas.

El relevo generacional como palanca

El informe identifica en la renovación de las plantillas públicas una oportunidad para la transformación. Según el estudio, cerca de la mitad de los empleados de la Administración General del Estado se habrá jubilado en 2035, lo que permitirá redefinir qué perfiles y competencias se necesitan.

Qué significa para las empresas: análisis de El Noticiario

La iniciativa tiene una lectura que va más allá del debate institucional. La relación de las empresas con la Administración, desde licencias y trámites fiscales hasta contratación pública y subvenciones, es una fuente constante de costes y de incertidumbre. Una Administración que simplifique procedimientos y anticipe necesidades, como propone el escenario más favorable, reduciría fricciones para compañías y autónomos.

El análisis también apunta a una dependencia que merece atención: si una parte creciente de las gestiones pasa por plataformas privadas, el control sobre el acceso a los servicios públicos podría desplazarse hacia quienes operan esas plataformas. Para las empresas tecnológicas y las consultoras, esto abre un mercado de proyectos de modernización; para el sector público, plantea la necesidad de decidir qué capacidades conserva en casa y cuáles externaliza.

Conviene, por último, leer el informe con la perspectiva adecuada. Procede de un centro creado por una compañía tecnológica con presencia en este mercado, y sus escenarios son ejercicios prospectivos, no previsiones cerradas. Aun así, el planteamiento coincide con una preocupación extendida: la brecha de velocidad entre la tecnología y las instituciones. El relevo de plantillas hasta 2035 será, en ese sentido, una prueba de la capacidad de la Administración para convertir una necesidad demográfica en una ventaja estratégica.