El anticipo de la jubilación en los sectores con más siniestralidad y bajas laborales sigue sin materializarse. Han pasado más de dos años desde el acuerdo entre el Gobierno, CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, y ninguna actividad ha accedido todavía a este derecho por el nuevo procedimiento. Se han presentado solicitudes que afectan a unos dos millones de empleados, pero la Seguridad Social no ha resuelto ni una sola.

El departamento no ha explicado a qué se debe la demora. Se trata de un trámite administrativo que no necesita respaldo parlamentario y en el que, en principio, no debería influir una convocatoria electoral. Los sindicatos hablan de «incumplimiento» de los plazos «pactados» y avisan de movilizaciones «gobierne quien gobierne».

Cómo funciona el procedimiento

El pacto es el único gran acuerdo del diálogo social de la legislatura y la única ocasión en que el Ejecutivo ha logrado el respaldo de la patronal desde las elecciones de 2023. Lo desarrolla un decreto aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025.

La norma permite que patronales y sindicatos representativos de un sector pidan a la Seguridad Social que estudie si existe un nivel de bajas y siniestralidad suficiente para adelantar el retiro. Solo procede cuando es imposible reducir la penosidad con medidas correctoras. El proceso sigue estos pasos:

  • Se elaboran varios informes técnicos.
  • Una comisión de evaluación emite una recomendación.
  • La decisión final corresponde a la Seguridad Social.
  • Si se conceden los coeficientes reductores, se aplica una sobrecotización que compense el coste para las arcas públicas. El retiro podría adelantarse, como pronto, hasta los 52 años.

Si las empresas rechazan la solicitud, el decreto permite que el Gobierno inicie el estudio a instancias de los sindicatos o de la patronal, siempre que aprecie índices de siniestralidad e incapacidad que lo justifiquen. Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, recuerda que ese punto, que evita el veto empresarial, «fue el más difícil de negociar», aunque «al final lo aceptaron CEOE y Cepyme».

Transporte y construcción, los expedientes más avanzados

La construcción, el sector con más fallecimientos, con 164 muertes en 2025, fue el primero en pedir el estudio, en julio de 2025. Lo hicieron CC OO y UGT. Después llegó el transporte por carretera, segundo en mortalidad con 93 muertes, con el apoyo de las patronales CETM (mercancías) y Confebus (viajeros). Ambas se habían comprometido a ello para desactivar una huelga.

Ese apoyo empresarial ha permitido que los expedientes del transporte, que emplea a unas 570.000 personas, avancen más y cuenten ya con varios informes preceptivos. Aun así, el plazo previsto era de seis meses y llevan registrados más de un año. Cristina Estévez, secretaria ejecutiva confederal de UGT, describe un ritmo «francamente lento» y asegura que el ministerio alega «carencia de personal». También cree que el Gobierno no concederá los coeficientes antes de las elecciones.

La queja no es solo sindical. Carmelo González, presidente de la patronal del transporte de mercancías, entiende el enfado de las centrales porque «por plazos ya debería estar en marcha». Lamenta, no obstante, que se valoren paros en un sector con «constantes incrementos de costes».

El caso de la construcción es más complejo. No cuenta con el respaldo de la gran patronal, CNC, y depende de una recogida de información que arrancó en verano. Un decreto obliga a todas las empresas a aportar antes de marzo del próximo año datos adicionales sobre las tareas de sus trabajadores. Los sindicatos reclamaban el anticipo para un millón de empleados y ahora asumen que serán bastantes menos, sin concretar cifras. Los especialistas señalan que los trabajos en altura, en conservación de carreteras o bajo el agua figuran entre los más expuestos.

Otras peticiones en cola

En abril, UPTA, la asociación de autónomos vinculada a UGT, junto a otras organizaciones profesionales, solicitó coeficientes para los taxistas, un colectivo de unos 50.000 trabajadores según sus cálculos. La patronal Antaxi también planea pedirlos, pero espera al resultado del transporte de viajeros para ajustar su propuesta. En julio, UGT registró la solicitud para unas 150.000 camareras de piso.

Qué significa para las empresas

El retraso genera incertidumbre en dos frentes. Para las empresas del transporte, la sobrecotización asociada a los coeficientes es un coste adicional que se suma a la presión de precios que ya denuncian. Sin resolución, no pueden planificar ese gasto ni la renovación de plantillas envejecidas.

Para la construcción, la obligación de remitir información antes de marzo supone una carga administrativa inmediata, aunque el resultado final sea incierto. La falta de consenso empresarial dificulta que el procedimiento avance con rapidez.

Hay además un riesgo de conflictividad. UGT ya convocó y anuló una huelga sectorial a cambio del compromiso de que los expedientes no se abandonarían, y CC OO ha amenazado con paros en el transporte. Un sector que depende del transporte por carretera es especialmente sensible a una parada. El pacto del diálogo social, que el Ejecutivo exhibe como logro, se juega su credibilidad en la capacidad de resolver los primeros casos.